En el año 2000, por primera vez en más de 70 años, se logró en México, la alternancia en el poder. Sin embargo, este cambio en el régimen político, más que significar el inicio de una transición a la democracia, ha propiciado un reacomodo en el sistema político mexicano, continuando y profundización un modelo económico que ha deteriorado aún más la vigencia de los derechos humanos.
Una verdadera transición a la democracia habría implicado el inicio de una lucha contra la impunidad y el reconocimiento de la verdad y la justicia para las víctimas de crímenes del pasado; el estrechamiento de los márgenes de desigualdad, incluyendo la pobreza y la marginación rural, indígena y femenina; y la reconciliación nacional con base al reconocimiento de la diversidad y la apertura de espacios de participación política de la ciudadanía. La decepción de la “transición” ha dejado claro en la conciencia pública, que una democracia formal electoral es insuficiente para atender los graves y añejos agravios a la sociedad, dando pie a diferentes movimientos de resistencia y desobediencia civil.
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